02/11/06 - Dictamen a la medida de Bush y el Estado de Israel

(Entrevista a Laura Ginsberg para PTS - 02/11/2006 - Fuente: La Verdad Obrera 211)
Qué opinás del dictamen emitido por los fiscales Nisman y Martinez Burgos, acusando a Irán como responsable del atentado a la AMIA.

Nosotros pensamos que este dictamen es una nueva estafa del gobierno al reclamo de una investigación seria y al castigo de los culpables.
Vale la pena recordar que Nisman intervino en acciones muy similares cuando trabajaba para el ex juez Galeano, a principios del año 2003. En esta oportunidad, formularon un pedido de captura de funcionarios iraníes que terminó en fracaso cuando no pudieron probar esa acusación.
Ahora hace este nuevo pedido siguiendo las instrucciones de INTERPOL. Así lo reconoce el propio Nisman. El dictamen puede tener forma jurídica pero es un dictamen netamente político. Nisman viene a satisfacer las exigencias que hace meses le hacen al gobierno Kirchner tanto el Departamento de Estado de los EE.UU., como la Embajada de Israel y las organizaciones judeo-americanas con las que estuvo reunido el propio Kirchner en Buenos Aires y en Washington.
Esta acusación política sobre el régimen iraní es la respuesta a esas exigencias, que nada tienen que ver con el esclarecimiento de la masacre de nuestros familiares en la AMIA. Pero sí tienen que ver con una campaña política para colocar la causa AMIA al servicio de la guerra en Medio Oriente contra Irán y Hezbollah. Es el resultado de las políticas de Kirchner para transformar a la Argentina como país de referencia en América Latina en el contexto de la lucha contra el terrorismo internacional. Es un alineamiento con las políticas de Bush y no tiene nada que ver con el esclarecimiento de la masacre en la AMIA.
Sirve para seguir consumando el cierre de la causa, porque este gobierno liberó -después de un juicio fraudulento- a los principales imputados por la acción criminal y no persigue a ninguno, ni siquiera a los que cometieron “irregularidades” en la instrucción. No lo metieron preso a Galeano y el Consejo de la Magistratura acaba de perdonarle la vida a Bonadío, otro de los jueces encubridores. Kirchner defiende la “patota judicial” y hace los deberes con EE.UU., consagrando la impunidad.
Lo gravísimo del Fiscal Nisman es que su dictamen se basa en información que es secreta, una información suministrada por los servicios de inteligencia extranjeros.

¿Hay relación entre el dictamen de Nisman y la actuación de Galeano?

Por supuesto. Nisman utiliza los mismos métodos que Galeano y los profundiza. Pretendió diferenciarse del ex juez, pero a diferencia de lo actuado por Galeano, el dictamen de Nisman es una acusación política de mayor profundidad.
Nisman dio a publicidad su dictamen cuando el gobierno le dio vía libre porque ya tenía todo esto arreglado desde hacía meses con sus interlocutores en EE.UU. e Israel.
A diferencia de Galeano, a él lo apoyan todos los otros querellantes “olvidando” que -con métodos como estos- el Tribunal Oral ya declaró nulas buena parte de las acusaciones que el propio fiscal instruyó y que pusieron en libertad a todos los imputados de ser la “conexión local”.
Entonces volvemos a los reclamos que desde APEMIA venimos haciendo. El gobierno oculta los archivos que siguen siendo secretos. Y no sólo hay archivos secretos en Argentina. Hay archivos secretos vinculados a la causa AMIA en Israel y en EE.UU.
Con su dictamen, el gobierno Kirchner se prepara para hacer posible aquello que ni Bush puede hacer en EE.UU., que es acusar sin mostrar pruebas.
Y una de las cosas más graves es la modificación de la ley de inteligencia nacional. Este es uno de los puntales reclamados por Memoria Activa y el CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nosotros nos tomamos el trabajo de comparar el texto de la ley vigente con la propuesta que Memoria Activa y el CELS acordaron con el Ministerio de Justicia y llevaron ante la CIDH. Esta última es aún más grave que la del propio Pichetto. Con esta nueva reforma que acordaron Memoria Activa/CELS y el Ministro de Justicia, ni los jueces van a tener acceso a la información secreta de los servicios de inteligencia, o a las “pruebas” para fundamentar una acusación. Estará vedado el acceso a la información secreta. Ni en la actual ley vigente existe eso.
Para sintetizar, el dictamen de Nisman se propone satisfacer las exigencias de la Embajada de Israel, el lobby judeo-americano y el departamento de estado de los EE.UU., encolumnar a la Argentina detrás de las políticas de guerra con la excusa de la lucha antiterrorista en el mundo, y al mismo tiempo validar una metodología que es ilegal en cualquier parte del mundo como acusar con base en información secreta de servicios de inteligencia.
A modo de anécdota, aunque es un hecho gravísimo, Nisman salió muy suelto de cuerpo a decir que el tiene evidencia -que por supuesto no muestra- que los ex funcionarios acusados se reunieron en la ciudad iraní de Mascad el 14 de agosto de 1993, y que resolvieron poner la bomba en la AMIA. Lo que Nisman oculta es que los mismos servicios de informaciones ya habían reconocido que el Estado argentino, Israel y Brasil sabían seis meses antes de esta fecha (desde febrero de 1993) que se iba a poner una bomba en Buenos Aires.
También oculta información que es pública: hace un par de años atrás, allá por el 2004, un ex director de un grupo de elite del FBI, declaró en Brasil –primero ante la prensa y después ante las autoridades- que el atentado a la AMIA se preparó en Brasil.

¿Qué pensás de las posiciones vertidas por las autoridades de la DAIA y la AMIA?

La dirección de la comunidad judía, agrupaciones como Memoria Activa, el gobierno de Israel y el gobierno de EE.UU. salieron a felicitar a Nisman y al Estado argentino, diciendo que es el “avance” que estaban esperando hace mucho tiempo. Nosotros repudiamos esta felicitación. Este comportamiento de la dirección de la comunidad judía, así como la de otras agrupaciones de familiares, vienen a cerrar la performance que han sostenido durante todo este tiempo, apoyando ilimitadamente al gobierno de Kirchner. Una validación de todas las medidas que Kirchner ha tomado. Yo evaluó que han renunciado a la lucha por el esclarecimiento de la masacre y el castigo a los culpables.
Nosotros consideramos que esto no es ningún avance hacia el esclarecimiento, creemos que es un avance hacia el cierre definitivo. Esta es una causa donde no hay ningún preso, ningún condenado, ningún sospechado. Ni siquiera los responsables del encubrimiento, que es un delito menor comparado con la gravedad del crimen que se cometió hace 12 años. Todas estas organizaciones vienen acompañando al Estado argentino en el esfuerzo que hace el gobierno de Kirchner de poner esta causa en el camino de la prescripción. Ya pasaron 12 años, esta causa va camino a prescribir. Días antes o días después nos vamos a encontrar con que el gobierno va decir que no tiene obligación de perseguir a nadie porque la causa prescribió.
Lo que el Estado argentino busca es ser exculpado él mismo de su responsabilidad criminal. Es el Estado argentino el responsable de la masacre en la AMIA, pero no sólo en el encubrimiento, sino en la criminalidad misma. Es el Estado argentino el que sabía que la bomba se venía, el que puso sus fuerzas de seguridad para perpetrarlo y el que lo encubrió durante 12 años. No lo hizo solo. Tuvo socios, al menos en el encubrimiento: EE.UU., Brasil, Israel, Gran Bretaña, Alemania.
Nosotros hacemos una acusación formal contra los Estados, en particular contra el Estado argentino que es el responsable criminal y encubridor del ataque, y cuenta con el apoyo de las organizaciones locales que lo sostienen DAIA, AMIA, Memoria Activa, etc.

¿Qué salida promueven desde APEMIA para avanzar en el esclarecimiento del atentado?

Esclarecer el crimen de la AMIA debiera ser una causa nacional. La lucha por el esclarecimiento tiene que ser una prioridad dentro del contexto de las luchas sociales y políticas en la Argentina. Si nos imponen una legislación antiterrorista en nombre de la causa AMIA, validando los métodos ilegales de la SIDE, de las policías y de las fuerzas de seguridad, de nuevo los argentinos vamos a estar en problemas. Y lo más grave de todo es que así no va a haber juicio ni castigo para los culpables.
Al gobierno nacional y a sus sostenes, no les interesa el esclarecimiento del atentado. Lo que hace Nisman es una demostración de que no tienen el menor interés en esclarecer nada. El Estado ya demostró que nos conduce hacia la impunidad absoluta. Para nosotros, a grandes problemas como los que aparentemente se plantean en torno al caso AMIA, pensamos que hay soluciones muy sencillas: exigir que abran los archivos y que los analice una comisión investigadora independiente del Estado.
Todas las maniobras que el Estado argentino y sus socios internacionales han venido consumando desde Menem para acá es suficiente evidencia como para demostrar el papel del Estado argentino en esta masacre.
La salida para avanzar en el esclarecimiento del atentado es la inmediata apertura de los archivos y la renuncia de Nisman
Me parece que tenemos una buena oportunidad para volver a intervenir con estos reclamos. Este es un momento muy delicado en la política nacional porque las maniobras del gobierno con el dictamen de Nisman no son sólo para satisfacer las presiones de EE.UU. e Israel, sino también para elaborar legislación y herramientas legales para poder utilizarlas más adelante en contra del pueblo argentino.

Nota publicada el 15/06/2006 "No a la Prescripción"

(Publicada en el número 76 de "Bandera Roja" -Liga Socialista Revolucionaria-)

No a la prescripción de la causa Amia

Durante estos 12 años de impunidad (desde el 18/7/1994) el Poder Ejecutivo puso sus fuerzas de seguridad e inteligencia al servicio de la comisión y del posterior encubrimiento del ataque, mientras acusó alternativamente a Irán y/o Siria, incluso hasta hoy en día, sin tener una sola prueba en su contra. Sigue siendo el encargado de articular y perpetrar el encubrimiento, que hoy se refleja en el ocultamiento tanto de los archivos secretos como de la prescripción misma. Por eso decimos que el ataque a la AMIA es un crimen de terrorismo de Estado perpetrado bajo un régimen constitucional.
El Poder Legislativo colaboró desde la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones (…) Entretanto, el Poder Judicial cumplió y continúa cumpliendo con las instrucciones del Ejecutivo. Es más: el mismo fiscal del juicio oral, que también había acompañado a Galeano durante la instrucción, es hoy el titular de la Fiscalía Especial Amia, Alberto Nisman. Trabaja para imponer la responsabilidad iraní en el ataque. Lo hace a pedido de Kirchner, la Daia/Amia y el Comité Judío Americano.
El resultado que explica esta interacción macabra está a la vista: no hay un solo procesado o condenado por la voladura de la Amia, ni siquiera después de reconocerse el Estado argentino como “encubridor agravado”.
En estas condiciones se llega a los 12 años, plazo en el cual prescriben las denominadas “causas complejas”.
Las recientes citaciones a declaratoria de Galeano y compañía, por el pago de 400.000 dólares a Telleldín para que testificase en falso, no parecen ser otra cosa que parte de las tantas maniobras con que el gobierno de Kirchner trata de ocultar el debate sobre la prescripción. El apuro del juez Lijo para indagarlos tiene que ver con el hecho de que los delitos por los cuales son acusados se cometieron hace 10 años. Vale decir, esta causa –que se inició hace seis años– está próxima a prescribir el próximo 5 de julio.
Además, no perdemos de vista que se acerca otro 18 de julio y Kirchner no tiene nada para mostrar.
La lucha contra la prescripción de la causa Amia es parte de la lucha contra la impunidad. El aparato del Estado trabaja para que todos los crímenes que cometió caigan en el limbo de la imposibilidad de lograr juicio y castigo, porque así lo determinan los mismos códigos y las mismas leyes vigentes para lograr la exculpación de todos sus funcionarios. En nombre de la legalidad, se consagra la impunidad.
Lo cierto es que, ya sean 12 años o 15 desde la comisión del delito, la causa Amia marcha hacia su prescripción, y aun cuando fueran 15 años, es ridículo pensar que en los próximos tres años el Estado esclarecerá todo aquello que se ocupó en ocultar durante 12 años.
El ministro Iribarne sostiene que “la masacre de la Amia es imprescriptible porque la doctrina contemporánea así lo establece”. Esto es una burda mentira. No existe tal doctrina, tanto así es que la misma Corte Suprema no sabe cómo parar la próxima prescripción de la causa por la voladura de la Embajada de Israel. Y no sólo eso: la Corte declaró que no tiene ni idea de las actuaciones que ella misma hizo en relación con ese expediente.
Estos crímenes son imprescriptibles porque son crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad los cometen los Estados, en este caso, el Estado argentino.
El gobierno de Kirchner, junto con la dirección judía local e internacional y el Departamento de Estado siguen trabajando para responsabilizar a Irán y así tratan de ningunear la lucha por lograr su propia condena.

Esperamos que las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos debatan este tema y encaremos juntos esta campaña por el “No a la prescripción”.

Laura Ginsberg

04/05/06 La lucha contra la prescripción de la causa AMIA es clave para combatir la impunidad

Ponemos a su disposición el texto de la entrevista realizada a nuestra compañera Laura Ginsberg, publicado por “Nuestra Propuesta” (semanario del Partido Comunista) el 04 de mayo pasado.

Ginsberg desarrolla las posiciones de APEMIA, explicando que “La lucha contra la prescripción de la causa AMIA es clave para combatir la impunidad” de este acto de Terrorismo de Estado.

Asimismo, hace un llamado a debatir este tema y superar el bloqueo informativo que mantiene oculto el hecho de la próxima prescripción y archivo de la causa AMIA.
El gobierno Kirchner, que reconoció ante organismos internacionales que el “encubridor agravado” de este atentado criminal es el mismo Estado nacional, oculta su intención de hacer prescribir la causa en nombre de “la legalidad y del derecho”, para dar un duro golpe a los que luchamos contra la impunidad. Para ello cuenta con la complicidad de otros Estados, de los grandes medios de comunicación, de las direcciones de la colectividad judía y algunos organismos de derechos humanos.

La entrevista es parte de la campaña unitaria que ponemos en marcha desde APEMIA junto a organizaciones políticas, estudiantiles, sociales y de derechos humanos, con la consigna “NO A LA PRESCRIPCIÓN”, para que no quede impune el mayor crimen político que hemos sufrido los argentinos desde el retorno de la democracia.

Lo invitamos a impulsar esta campaña, difundir entre sus amigos el texto adjunto (la entrevista) y sumarse al debate.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Entrevista a LAURA GINSBERG
A.P.E.M.I.A. (Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA)


- ¿Cómo se llega a la situación actual con la amenaza de que en julio de este año prescriba la causa?

Se llega después de 12 años de impunidad en la masacre de nuestros familiares en la AMIA; impunidad que se fue construyendo desde el mismo día del atentado. Pocas horas después de la explosión, Carlos Ruckauf, por entonces Ministro del Interior, hacía declaraciones en Estados Unidos después de haber mantenido reuniones con el FBI, afirmando que la AMIA había sido volada por una camioneta Traffic y que la responsabilidad era de Irán. Fue el antecedente de la “semiplena prueba iraní” que 24 hs. después sostenía Menem. La directiva venía directamente del FBI. Si a ésto le agregamos el hecho que el Estado argentino sabía que el ataque iba a ocurrir pues había tenido advertencias previas del espía brasileño Wilson Dos Santos y de otros países como, por ejemplo, Chile, y no hizo nada para evitarlo, se puede empezar a comprender el por qué de 12 años de encubrimiento, sin ningún culpable, y con una causa al borde de la prescripción.
Desde APEMIA pensamos que el Estado argentino está implicado, no sólo en el “encubrimiento agravado” del que participaron los tres poderes del Estado –y del que se hicieron responsables ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un año-, sino también en el acto criminal mismo.
El Poder Ejecutivo, puso sus fuerzas de seguridad e inteligencia al servicio de la comisión y del posterior encubrimiento del ataque, mientras acusó alternativamente a Irán y/o Siria, incluso hasta hoy en día, sin tener una sola prueba en su contra. Sigue siendo el encargado de articular y perpetrar el encubrimiento, que hoy se refleja en el ocultamiento tanto de los archivos secretos como de la prescripción misma. Por eso decimos que el ataque a la AMIA es un crimen de terrorismo de Estado perpetrado bajo un régimen constitucional.
El Poder Legislativo colaboró con la participación de diputados y senadores en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los atentados, con el único fin de preservar al ex juez Galeano en todas las irregularidades y delitos que cometió.
Entretanto, el Poder Judicial cumplió y continúa cumpliendo con las instrucciones del Ejecutivo. Negoció platas con los imputados, ocultó y destruyó pruebas, las hizo aparecer y volver a “desaparecer”, amenazó testigos, limitó las declaraciones de los espías de la SIDE para (explícitamente) no inculpar a servicios secretos extranjeros a lo largo de un juicio oral fraudulento, entre otras cosas. Es más: el mismo fiscal del juicio oral, que también había acompañado a Galeano durante la instrucción, es hoy el titular de la Fiscalía Especial AMIA, Alberto Nisman. Trabaja para imponer la responsabilidad iraní en el ataque. Lo hace a pedido de Kirchner, la DAIA/AMIA y el Comité Judío Americano.
El resultado que explica esta interacción macabra está a la vista: no hay un solo procesado o condenado por la voladura de la AMIA.
Facilitaron la libertad de Telleldín y la exculpación de la maldita policía. Y después de reconocerse como “encubridor agravado”, no hay un solo funcionario de Estado responsable por tamaño encubrimiento, ni procesado ni preso.
En estas condiciones se llega a los 12 años, plazo en el cual prescriben las denominadas “causas complejas”. Y de manera deliberada, el gobierno de Kirchner, la dirección judía local, algunos organismos de derechos humanos y los medios de comunicación masivos hacen un silencio brutal para ocultar la prescripción que se viene. Es la coronación de la “vergüenza nacional” que Kirchner, hace 3 años, prometió combatir.


- ¿Cuál es la actitud de la DAIA y la AMIA? Y qué plantea APEMIA?

Nada de todo ésto hubiera sido posible sin el apoyo internacional de otros Estados, como Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, y sin la complicidad nacional de la dirección judía local de DAIA/AMIA
Las políticas de las direcciones de DAIA/AMIA y de la Embajada de Israel siempre han acompañado las políticas oficiales, buscando orientarlas en una proyección internacional “antiterrorista” que salvara la participación del Estado nacional en este crimen. Vale decir que son, al menos, co-responsables en el encubrimiento del papel del Estado argentino en el ataque. Su papel no fue menor: negaron que el Estado fuera la conexión local del atentado y facilitaron las maniobras de los tres poderes con Telleldín. O sea, militaron en contra de los reclamos de los familiares. Ahora siguen agitando contra el régimen iraní, esta vez de la mano de Cristina Kirchner.
Después de 12 años de fracasos sistemáticos de aquellos que debían esclarecer el atentado… Kirchner promueve la prescripción de la causa AMIA y estas organizaciones mantienen la boca cerrada. Es la coronación de la impunidad como política de Estado… Y después nos hablan de “vergüenza nacional”. Desde APEMIA nos ocupamos en lanzar una campaña unitaria con las organizaciones políticas, estudiantiles y sociales, con la consigna “NO A LA PRESCRIPCIÓN”, para que no quede impune el mayor crimen político que hemos sufrido los argentinos desde el retorno de la democracia. Creemos que es necesario exigir la apertura de los archivos secretos y su entrega a una Comisión Independiente para que investigue la responsabilidad del Estado en este crimen.

- Con respecto a esta situación, ¿cuál es el mensaje de APEMIA para la sociedad y en primer lugar el movimiento popular, político, de derechos humanos, obrero y estudiantil?

La masacre de la AMIA es un hito de la impunidad nacional y es una causa testigo de la criminalidad política del Estado. El “encubrimiento agravado” no significa otra cosa que el encubrimiento del aparato criminal del Estado, el mismo que secuestró, torturó y desapareció 30.000 estudiantes y trabajadores, que arrebató niños, que reprimió y asesinó luchadores sociales e instauró la era de la criminalidad policíaca.
No es sólo un tema de los judíos, como los distintos gobiernos y la dirección de la comunidad judía quisieron presentarlo. A inicios de la década del ’90, la Argentina se convirtió en un laboratorio de preparación de las políticas de lucha contra el terrorismo internacional implementadas durante todos estos años. Por eso la complicidad de los Estados amigos y la participación directa del Estado argentino en estos crímenes de terrorismo de Estado.
Después de la Embajada y la AMIA, hubieron otros crímenes de terrorismo de Estado: la voladura de la Fábrica Militar de Río III y, a su manera, los muertos del 19 y 20 de diciembre y los asesinatos de Kosteki y Santillán.
La lucha contra la prescripción de la causa AMIA y por el esclarecimiento y el castigo a todos los culpables es clave en la lucha contra la impunidad en la Argentina. Esperamos que las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos debatan este tema y se sumen a esta campaña por el “No a la prescripción”. Instalemos el debate sobre este tema y organicemos una Comisión contra la prescripción


CONTINUIDAD Y ENCUBRIMIENTO

- Desde el atentado han pasado varios gobiernos: ¿hubo cambios de uno al otro en cuanto a la causa, sobre todo respecto de Kirchner, que cultiva una imagen de defensor de los derechos humanos?

Pasaron varios gobiernos…. Pese a ello, ha habido una continuidad política y de encubrimiento de las responsabilidades criminales del Estado.
Primero –con Menem- le pagaron a Telleldín. Y con la Alianza sancionaron una ley del arrepentido a la medida de los acusados, para facilitarles la libertad. Hasta los diputados la llamaron “Ley Telleldín”. Llegaron al colmo de firmar un decreto, que luego se transformó en ley, para convertir a los imputados en testigos de “identidad reservada”. A pesar de una orden judicial, Duhalde prohibió a los espías declarar en el juicio oral. Kirchner lo permitió, pero antes negoció con los jueces los límites de esas declaraciones. Entre los dos, firmaron una veintena de decretos que mantienen cerrados los archivos y limitaron a los jueces en sus facultades para interrogar a los espías de la SIDE durante el juicio.
Este es el resultado del “compromiso K” con el tema AMIA.
Kirchner fue el encargado de liquidar el juicio oral liberando a todos (2004), de acordar una “solución amistosa” ante la CIDH para que el Estado no fuera condenado ni siquiera por “encubrimiento agravado” (2005), y ahora impulsa la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional para ocultar aún más los secretos de Estado, con la excusa de la causa AMIA (2006). Este gobierno terminó de preparar el terreno sembrado por los gobiernos anteriores buscando, con la prescripción, poner un punto final en la causa AMIA.
A diferencia de los gobiernos anteriores, cuenta con un mayor compromiso de algunos organismos de derechos humanos que, como el CELS, reivindican la “legalidad vigente” de este repodrido estado de derecho, aún cuando con ella facilitan la prescripción.