Una ley que atenta contra las organizaciones sociales y políticas

LA LEY ANTITERRORISTA DE BUSH


Jueves, 21 de junio de 2007


Presentamos extractos del reportaje concedido al programa Pateando el Tablero por Laura Ginsberg, dirigente de APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) y Myriam Bregman, dirigente del CeProDH con motivo de la sanción de la ley antiterrorista.


¿Cuáles son las intenciones del gobierno enviando esta ley al Congreso?

Laura Ginsberg: Es la respuesta al compromiso que el gobierno de Kirchner asumió hace tiempo con el Departamento de Estado de los EE.UU., Bush, el Estado de Israel y la dirección de la comunidad judía local e internacional, usando como excusa el atentado a la Embajada de Israel en 1992 y la voladura de la AMIA en 1994. El primer intento del gobierno lo hizo con Beliz y Pablo Lanusse en 2004, cuando hizo circular un proyecto de ley de represión de actividades terroristas y su financiación. El gobierno está muy comprometido en la lucha contra “el eje del mal” que hoy se traduce en las acusaciones contra Irán, y para eso usa como excusa el caso AMIA. Este gobierno se ha reconocido como encubridor agravado de la masacre por un decreto que el mismo Kirchner firmó en 2005. O sea que el gobierno que fue parte del encubrimiento del atentado es el mismo que dice que va a perseguir a los supuestos terroristas que pusieron la bomba. El mismo gobierno que oculta los secretos de Estado donde se sabe qué fue lo que motivó y por qué ocurrieron las dos bombas en Argentina. Nosotros repudiamos esta ley y denunciamos todos sus anteproyectos. Este gobierno está embarcado en reprimir todo tipo de organización social y política, todo tipo de manifestación de reclamo que confronte contra el Estado nacional.

Myriam Bregman: El origen de esta ley es conocida por el movimiento obrero argentino. En 1921, el gobierno de Yrigoyen instaura la figura de asociación ilícita en el Código Penal para reprimir las huelgas obreras en el sur, como cuenta Osvaldo Bayer. Hasta la utilizó la dictadura con algunos de los jóvenes de la noche de los lápices sobrevivientes, blanqueándolos bajo esta figura, utilizada tanto por gobiernos constitucionales como por gobiernos de facto para reprimir. Esta ley, mal llamada antiterrorista porque no habla de terrorismo de Estado, modifica el artículo de asociación ilícita ampliándolo. Se le agregan dos artículos nuevos donde se castiga tanto la participación en una asociación ilícita como el financiamiento con una serie de figuras, sumamente ambiguas. Uno de los artículos dice que se sancionará “disponer de armas de guerra, agentes químicos, bacteriológicos o cualquier otro tipo de medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un determinado número de personas”. Vale como antecedente que en Chile un mapuche está preso por esta ley por tener dos bidones de kerosene que llevaba para su tractor. Como es mapuche y luchaba por la recuperación de su tierra, se considera que esos dos bidones podían afectar “la integridad de otras personas”. Esta ley ya se aplica en otros lugares de América latina. Otro de los artículos dice que “se impondrá una pena de 5 a 20 años a aquel que tomare parte de una asociación ilícita, cuyo propósito sea mediante la comisión de delitos (aunque no dice cuáles)… aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Acá podría ser incluido una marcha contra el FMI porque es un organismo internacional o contra la visita de Bush. Por la ambigüedad de su redacción, cualquiera puede ser incluido.
¿Qué es el terrorismo para esta ley?
LG: Para esta ley el terrorismo tiene una definición tan amplia e indefinida que hasta podría abarcar a la Asamblea de Gualeguaychu o a las organizaciones de desocupados. La ley no define ni precisa el delito terrorista. Es un avasallamiento a los derechos constitucionales, porque siempre que se comete un delito se trata de precisar qué tipo de delito es, limitarlo por las características que tiene, aplicar una pena que se especifica cuál es. Pero esta ley faculta para que se pueda aplicar ante cualquier intento de confrontar con las políticas del gobierno nacional. Lo que más me preocupa es que se utiliza como excusa la causa AMIA. Nosotros pensamos que todas las leyes obtenidas después de la bomba en la AMIA no son casualidad. Hubo una ley del arrepentido que se sancionó, y que sirvió para dejar libres a la primera cadena de responsables locales de la comisión del atentado. A partir de eso también se pudo legislar sobre los testigos de identidad reservada, que nunca sabemos para qué fines se utilizan. Desde hace casi dos años el fiscal encargado de ubicar la conexión internacional del atentado a la AMIA, que no se pudo ubicar durante 13 años, escribió un informe muy frondoso dando la identidad del supuesto terrorista que se inmoló en la AMIA. Este informe no duró ni 48 horas. Pero dio pie para que un año después, a medida de las demandas de Bush, se elaborara un informe que acusaba a Irán por el atentado a la AMIA. Todos estos antecedentes vinculados a la impunidad del caso AMIA son los que determinaron que hoy tengamos esta ley, votada entre gallos y medianoche.

MB: Nuestro país ya conoce este tipo de leyes. En 1974, el gobierno peronista (con Perón en vida) modifica el Código Penal introduciendo la coacción agravada, utilizando como excusa una acción del ERP y “la subversión”. Muchas organizaciones lanzaron una campaña de denuncia sobre sus efectos sobre los luchadores. Inmediatamente incorporada esa nueva figura se castigó a los trabajadores de Matarazzo, que estaban en huelga con toma de fábrica. Hoy esta ley castiga con penas de 5 a 20 años al que financiare a las organizaciones terroristas. Pero es tan ambigua que podría contemplar desde la promoción de un fondo de huelga hasta una rifa en apoyo a un conflicto. Hace poco se estableció el fallo de un juez que dijo que la única manifestación que está permitida es votar y las demás no son constitucionales. Ya hay jueces muy molestos por las movilizaciones.

LG: Con esta ley ni siquiera queda claro que sea necesaria la manifestación de una conducta armada como en la década del ’70. Con sólo tener organizado un plan de acción “para propagar el odio étnico, religioso o político” o “estar organizado en redes internacionales” es suficiente para ser encuadrado por “asociación ilícita”. Es un ataque contra cualquier modo de organización social y política. El tema del financiamiento hasta sería secundario porque se sanciona al que financia, se cometa el delito o no. Este gobierno se presenta como un defensor de los derechos humanos pero ya demostró que en el ámbito de la lucha por el castigo a los genocidas de la dictadura, así como en el esclarecimiento de la masacre de la AMIA, ha fracasado. El gobierno está asociado con los Estados que promueven la lucha contra el “terrorismo internacional”, inclusive por manifestaciones que hicieron funcionarios del gobierno de EE.UU. que estuvieron en el mes de febrero. Esta ley es lo que faltaba para que Kirchner pudiera integrar lo que se conoce como la Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear. El matrimonio Kirchner se alinea con EE.UU. y lo utiliza de manera doble: para reforzar sus compromisos internacionales y al mismo tiempo para tener un instrumento legal para reprimir.

¿Esto es parte del doble discurso del gobierno de Kirchner?

MB: Pese a lo que diga Kirchner, se mantiene la impunidad. En la causa AMIA se niega a abrir los archivos porque están implicados policías, FF.AA. y servicios secretos internacionales. Son las mismas trabas que ponen en la causa de Julio López. Parece un modus operandi de la policía para encubrir. La semana pasada una testigo que estaba bajo el sistema de protección del gobierno provincial fue secuestrada. La compañera denunció a los dueños de la prensa gráfica de La Plata (su marido era obrero gráfico y fue desaparecido trabajando en el diario El Día), tenía importantes audiencias en el juicio por la verdad, fue secuestrada y golpeada, y cuando la capturaron le pidieron el aparato que le da la policía para protección y seguimiento de testigos. Una total connivencia policial. La impunidad que se desprende del caso López sólo genera más impunidad.

¿Qué podrías decir a modo de conclusión?

LG:
El 18 de julio se cumplen 13 años de la masacre de la AMIA. No hay ningún preso ni procesado. Se insiste en perseguir una conexión internacional que durante 13 años no se pudo encontrar. Pero el 18 de julio va a haber un acto oficial en la puerta de la AMIA donde estarán los dirigentes de la comunidad judía local, dirigentes del comité judío americano y funcionarios del gobierno. Todos saludarán esta ley antiterrorista y felicitando a Kirchner. Usan la masacre de la AMIA como excusa para reprimir a los luchadores sociales. Desde APEMIA repudiamos esta ley y convocaremos, junto a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, a un acto de conmemoración y denuncia para repudiar este tipo de manipulación que se hace de un crimen encubierto por el conjunto del aparato del Estado argentino.