“La investigación del atentado nunca empezó” - Entrevista a Laura Ginsberg en "La Mañana" de Neuquén del 03/03/2013


03-03-2013| Puntos de Vista | PUNTO DE VISTA   
Laura Ginsberg, titular de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA y viuda de una de las 85 víctimas, dice que el acuerdo con Irán es la Ley de Punto Final para la causa.
Por PAULA BISTAGNINO

Buenos Aires > El acuerdo con Irán no fue una sorpresa para Laura Ginsberg. Sabía que la Cámara de Diputados lo aprobaría sin problemas a pesar de la polémica que generó y de las diversos y amplios rechazos que tuvo. “Es un golpe más en 19 años en los que sólo recibimos golpes. Es el resultado de una misma línea de continuidad política del kirchnerismo con los gobiernos de (Fernando) de la Rúa y el de (Carlos) Menem en relación con el atentado: exculpar al Estado argentino de su responsabilidad, no investigando la conexión local y alimentando la supuesta conexión iraní. Este memorando es el cierre de cualquier posibilidad de llegar a la verdad y saber lo que pasó, que está acá y no a miles de kilómetros, en Irán”, dice la titular de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) y viuda de José Ginsberg, una de las 85 víctimas del atentado terrorista perpetrado contra la mutual judía el 18 de julio de 1994. “Esta es nuestra conclusión política. Pero también la de mucha gente que nos para en la calle y razona con el más elemental sentido común: ¿cómo puede ser que se sienten a negociar con los que hasta ayer consideraban asesinos?”.

¿Por qué el Gobierno no quiere la investigación de la conexión local?
Porque el Estado argentino es el responsable. Ni bien asumió, Néstor Kirchner instruyó a su canciller Rafael Bielsa para lograr un acuerdo con los damnificados y llevar la causa a un tercer país. Ese intento fracasó porque Apemia fue la única organización de familiares que se opuso. Continuaron con la creación de una fiscalía especial y le encargaron al fiscal (Alberto) Nisman perseguir la pista iraní. Con esto quiero decir que no sólo hay continuidad y coherencia en un mismo sentido, el de la impunidad, sino que el Gobierno armó todo esto porque ya sabían entonces –en 2004– que el juicio oral que se estaba sustanciando era un fracaso y terminaría con la libertad de los principales imputados por la conexión local, que fue lo que ocurrió. Sin conexión local ni supuesta conexión iraní, el Estado quedaría exculpado.

¿Cuáles son las verdaderas razones de este memorándum?
La salida que le da esta ley al Gobierno es cerrar el tema AMIA y así zafar de sus propias responsabilidades. Porque el encubrimiento es parte del crimen. Es decir, quien es encubridor es partícipe. Fue el ex presidente Kirchner quien reconoció por decreto (Nº 812/2005) que el Estado es el encubridor agravado del atentado. Y esto es lo que no se quiere investigar: lo primero que aparece en la conexión local es la responsabilidad del Estado y de todos los gobiernos, especialmente el de Menem. En estos 19 años, la continuidad política de la impunidad involucra a todos los gobiernos.

Además, ustedes denuncian una cuestión de coyuntura internacional y alianzas estratégicas detrás del acuerdo.
Todo esto aparece en una situación internacional muy compleja. Lo que el matrimonio Kirchner hizo desde 2003 fue poner el tema AMIA al servicio de las necesidades políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos y de las grandes potencias. En ese momento, fue al servicio de la guerra en Medio Oriente sosteniendo que Irán era parte del “Eje del Mal”, poniendo toda la responsabilidad de los atentados en los iraníes. Pero eso fue un fracaso absoluto porque lo cierto es que hasta el día de hoy no hay ninguna prueba concreta para demostrar la responsabilidad iraní en la ejecución. Y eso se les vino encima ahora, cuando las grandes potencias entienden que no es posible hacerle una guerra a Irán, y empiezan un camino de diálogo para resolver la salida de las tropas de Afganistán y de Irak y el problema del enriquecimiento de uranio. Este acuerdo es en el marco de esa nueva estrategia de diálogo. El uso político y estratégico de la causa es evidente, porque hasta el propio Gobierno no cree en la pista iraní. Lo ha dicho (Héctor) Timerman, lo han dicho los senadores y el viernes lo dijo la propia Presidenta: en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, hizo pólvora la pista iraní al decir que ella quiere encontrar quiénes fueron los locales que pusieron la bomba. ¡Es lo que queremos saber todos! Y es lo que, deliberadamente, se evitó investigar. Ni ellos se creen esto. Si lo creyeran, tuvieron diez años para hacer algo.

En el acto del miércoles frente al Congreso de la Nación, usted denunciaba que el precio de poner la causa AMIA al servicio de las alianzas internacionales fue la sanción de leyes nefastas para el país.
Claro. La causa estuvo también al servicio de construir legislación en nuestro país; legislación que es miserable. Esta es la tercera ley en este camino. La primera fue la Ley del arrepentido, sancionada durante el gobierno de De la Rúa, que nosotros la denominamos “Ley Telleldín” porque fue hecha a su medida y servicio; después vino la Ley de protección a testigos de identidad reservada: no hay mejor ley para amparar a buchones de la policía que ésta; y por último, en este gobierno, la Ley Antiterrorista, que es la más perversa de todas porque en los considerandos dice que va a ayudar al esclarecimiento de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA, cuando en realidad lo que están haciendo es tener una excusa para reprimir y perseguir a los luchadores populares.

¿Qué opina del debate que se dio en estos días?
No hubo debate. Eso está claro. Hubo una decisión política de que esto se tenía que sancionar y el oficialismo hasta trajo a sus dos diputados truchos para asegurarse el quórum. Las cosas que se dijeron, en todo caso, revelaron la ignorancia absoluta que tienen los parlamentarios y casi todos los políticos sobre este tema. No saben absolutamente nada, no tienen idea de qué es lo que están votando y hacia dónde se va con la sanción de esta ley. Por eso yo les dije que lo que están haciendo es obediencia debida. Y esto es lo más doloroso e indignante: no les importan las consecuencias de esta votación.

A diferencia de Memoria Activa y la Asociación de Familiares 18J, ustedes sostienen que esto no conduce a ningún lado  y que todo va a ser peor. ¿Por qué?
Lo ridículo del planteo oficial es que piensan que se puede elaborar políticas de Estado que no tendrían consecuencias prácticas. De lo que se trata, entonces, es de entender cuáles serían esas consecuencias, y no negarlas a priori. Pese a los dichos y expresión de deseos de la Presidenta en la apertura de sesiones del Parlamento, el Estado no persigue ninguna responsabilidad local por la comisión del atentado. Y cuando la llamada “Comisión de la Verdad” determine que no hay pruebas contra Irán o que éstas no son suficientes, tampoco tendremos una pista internacional para tratar de investigar… En consecuencia, no tendremos nada de nada mientras el Estado nos priva de conocer los archivos donde se esconde la verdad de la participación criminal que le cupo al mismo Estado nacional. En materia jurídica, las querellas de los familiares sólo pasarán a cumplir un papel formal o decorativo.

Ustedes dicen que este acuerdo sancionado en el Congreso es “la Ley de Punto Final de la causa AMIA”, evocando lo que fueron las llamadas leyes de la impunidad por los crímenes de la dictadura militar.
Claro, porque viene a ser como la culminación de todo ese proceso y de cualquier posibilidad de investigación. Nosotros decimos que este atentado fue un acto de Terrorismo de Estado en democracia. Y esto es lo que no se quiere debatir, porque es obvio que si se lo asume, se puede allanar el camino de la responsabilidad del Estado argentino.

Ustedes piden la apertura de los archivos secretos en manos del Estado como vía para el esclarecimiento de la conexión local.
Exacto. La Presidenta, Timerman, Pichetto y (Agustín) Rossi sólo se enredan en palabras. Hablan de “desclasificación” para negar nuestra acusación de que los archivos permanecen cerrados. Cualquiera haya sido la clasificación que les dieron, hasta hoy los archivos no pueden ser consultados ni por los jueces si no tienen un permiso otorgado por decreto especial. No hay que confundirse: los archivos siguen cerrados. A pesar de la defensa de Pichetto y Aníbal Fernández de que los Kirchner firmaron decretos que habilitan la apertura de archivos, esto no es cierto. Yo lo puse a prueba yendo a buscar información al Departamento de Policía y a la SIDE. Cuando fui a la SIDE, no me permitieron llevarme las notas que había tomado sobre lo que había podido leer. Sólo abriendo los archivos podemos confirmar o descartar nuestra hipótesis: que acá no hubo acción del fundamentalismo internacional, sino que hubo tres actos de Terrorismo de Estado (Embajada de Israel, AMIA y Río Tercero) para que Argentina se pusiera a la cabeza de la lucha contra el terrorismo internacional a pedido y disposición de las grandes potencias.
Después de las tres bombas, Argentina se incorporó como aliado extra-OTAN. Lo reconoció el ex canciller Guido Di Tella: los tres atentados fueron el precio que el país pagó para entrar en el primer mundo.


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